Sector de telecomunicaciones se reúne para analizar en retrospectiva la apertura del mercado y establecer la tareas pendientes.
El mes de junio fue el escenario para reunir empresarios del sector de telecomunicaciones, instituciones, expertos, académicos y líderes políticos que participaron en la implementación de la Ley de Telecomunicaciones de Costa Rica en un evento organizado por la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM).
Como reseña histórica y para establecer una serie de antecedentes, varias figuras políticas contaron sus anécdotas y expusieron las dificultades que se presentaron a nivel político, social y económico, en un país dónde se tornaba delicado cualquier cambio estructural que involucrara instituciones tan representativas para los costarricenses como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Los empresarios y expertos en telecomunicaciones coinciden en que uno de los mayores retos fue poner sobre el tapete a las telecomunicaciones no solo como bien demanial (público y subvencionado), sino, que se debía consolidar una industria capaz de incorporar, universalizar y suplir de las tecnologías digitales que se venían gestando a nivel mundial.
La apertura de las telecomunicaciones crearon una de las disrupciones tecnológicas más destacas en el país, el impacto de los dispositivos móviles en la vida social, expandió las posibilidades de comunicación y la industria de las telecomunicaciones en todo tipo de mercados.
Uno de los participantes del evento, Francisco Jiménez, ex viceministro de Transportes y actual Director Comercial de GrupoPrides, una de las principales empresas en plataformas de telefonía móvil y TICs, aseguró, que la apertura en telecomunicaciones fue el apalancamiento necesario para llevar al país a una digitalización y lograr un amplio uso de la tecnologías digitales a nivel nacional, a pesar de los grandes desafíos en infraestructura de vías de comunicación terrestre que todavía enfrenta el país.
En cuanto al aspecto jurídico, el reconocido consultor legal en materia de telecomunicaciones, organizador del evento y miembro de CiberRegulación, Juan Manuel Campos, señala que el desarrollo de la Ley de Telecomunicaciones marcó un salto cualitativo en el país, ya que no se desarrolla como una réplica de otras legislaciones similares en países como Finlandia o Singapur.
Sino que las superó en varios aspectos como por ejemplo: la incorporación de un ente regulador el cuál tiene la potestad de solucionar conflictos entre operadores de servicios. Campos, también agregó que fue posible blindarla con un Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), el cuál permite invertir en materia social. Un modelo solidario que replica otras conquistas que han caracterizado el desarrollo humano en Costa Rica.
Trabajo multi-sectorial
Para Hannia Vega, ex-viceministra de Telecomunicaciones y reciente miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), comentó que uno de los ejemplos más recientes de trabajo entre industria y Estado, heredado de dicha Ley, ha sido el modelo experimental de T.V digital, uno que se podría replicar en otro tipo de innovaciones.
“En cuanto a los retos para lograrlo tenemos: modernización de la infraestructura, uso eficientes del espectro radioeléctrico (lograr la mayor cantidad de servicios, se requiere una convergencia) y por último la calidad del servicio (acceso, selectiva y moderna)”, mencionó la ex-viceministra de Telecomunicaciones y miembro del Consejo Directivo de la SUTEL.
Además dio algunas cifras relevantes, por ejemplo: en el 2014 los costarricenses consumían en promedio 33TB (terabits) de información, mientras que para el 2017 aproximadamente unos 208TB, un aumento sustancial del 630%.
Retos y perspectivas
Entre los nuevos retos de la industria, se recomienda la "funcionalidad de la regulación", lo cual debe prevalecer un nuevo enfoque del ente regulador (SUTEL) y determinar si las regulaciones están sujeta a la realidad del mercado y a la dinámica de los avances tecnológicos a nivel mundial. Las jurisdicciones deben estar adaptadas al desarrollo técnico y científico, menos al enfoque ideológico a nivel político.
Los operadores y las empresas que desarrollan, implementan y suplen las plataformas para transmitir los datos y contenidos en los dispositivos móviles, en estos momentos llevan la carga del mantenimiento de la infraestructura tecnológica y el FONATEL. Por ende, los expertos recomendaron hacer un análisis para flexibilizar estas cargas o repartirlas en otros actores.
A nivel jurídico se deben hacer cambios urgentes, como por ejemplo eliminar los aranceles a equipo tecnológico - ya no se trata de un tema de artículos de lujo - ya que son canales para la educación, el comercio, el turismo, y otro sin fin de actividades.
Las políticas deben estar dirigidas a facilitar los desarrollos independientes y la exportación de servicios en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Ese podría ser uno de los mayores rubros generadores a nivel nacional, equiparando incluso al turismo.
Por: Alejandro González R. / disrupcionesdigitales@prides.net
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